A poco más de un año de la entrada en vigor de la Ley N° 21.675, que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres debido a su género, el Poder Judicial, a través de su Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, dieron a conocer los resultados más importantes de un estudio realizado para determinar los nudos críticos en su implementación.
En un seminario realizado en el Salón de Honor de la Corte Suprema, se presentaron los principales hallazgos y se conversó sobre los desafíos jurisdiccionales en la aplicación de la denominada ley integral. Paneles en los que participaron los académicos e integrantes del proyecto Paula Medina (Universidad Central), Juan Vera (Universidad de Chile) y Rocío Sánchez (Universidad de Valparaíso); la jueza del Centro de Medidas Cautelares de Santiago, Lorena Bruna y el juez de Garantía de Iquique, Mauricio Chía; el coordinador de Estudios de CEJA, Rodrigo Nakada y la secretaria de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial, María Soledad Granados.
La investigación, adjudicada mediante licitación pública a CEJA, nace a raíz de las inquietudes que presentaron en su implementación los distintos tribunales de familia y penal. “Su valor radica en que fue elaborada desde la base, recogiendo las dificultades, no de derecho relevante, sino dificultades cotidianas en el trabajo diario de los tribunales” señaló la ministra encargada de asuntos de género de la Corte Suprema, Jessica González. “Esta investigación no pretende entregarnos respuestas definitivas a los distintos hallazgos y conclusiones, sino que viene a ser una herramienta indispensable para la reflexión y el debate jurídico”, agregó.
En esa misma línea, la directora ejecutiva de CEJA, Ana Aguilar, manifestó que aspiran a que “este informe no sea solo un documento de consulta sino un detonador del diálogo entre instituciones, sociedad civil y academia, que detone un debate constructivo y acciones orientadas a la mejora continua de la labor jurisdiccional”.
Nudos críticos
Los resultados del estudio mostraron que los principales desafíos no radican en el diseño normativo, sino en su traducción efectiva en respuestas estatales coherentes, equitativas y sostenibles en el tiempo.
Entre los hallazgos están las dificultades en la articulación de la Ley N° 21.675 con otros cuerpos normativos, ausencia de criterios uniformes para delimitar cuándo existe violencia “debido a su género” y dificultades para identificar y acreditar nuevas tipologías de violencia.
Igualmente se detectaron problemas en materia de competencia, procedimientos, coordinación judicial interna y una brecha significativa entre las exigencias de la ley y las capacidades disponibles, lo que muchas veces lleva a que los equipos desarrollen estrategias adaptativas informales para sostener la implementación, aunque de manera desigual en las jurisdicciones.
En cuanto a la coordinación interinstitucional, la fragmentación del sistema junto con las asimetrías de la información y la desigualdad territorial respecto de las ofertas de redes de apoyo, generan una discontinuidad en la protección y dificultan la construcción de respuesta integrales.
Finalmente, se evidenció que el acceso a la justicia se encuentra formalmente garantizado, persisten desafíos respecto de la reiteración de los relatos y la incorporación desigual de la interseccionalidad en la toma de decisiones.