La primera reunión presencial del 2024 tuvo el Comité de Género y No Discriminación de la Corte de Apelaciones de San Miguel, oportunidad en que se realizó un balance de las actividades desarrolladas y se delinearon los objetivos y actividades para este año.

En el encuentro, la ministra encargada del Comité, Ana Cienfuegos, dio la bienvenida al grupo de integrantes compuesto por las ministras Celia Catalán y Alondra Castro; la  jueza del Juzgado de Familia de Peñaflor María Soledad Parada, en representación de la Asociación de magistrados;  Leonardo Castillo del  Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla, en representación de Aprajud; Eliana Godoy del 15° Juzgado de Garantía de Santiago y Luz María Lazo del  6° TOP de Santiago, en representación de Anejud; Daniela Maqueira del  Juzgado de Familia de Melipilla y Paola Maldonado del Juzgado de Familia de San Bernardo, en representación de Ancot y el periodista Claudio Villablanca de la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Dentro del plan de trabajo, el Comité acordó difundir y trabajar en temáticas como el acoso laboral considerando la entrada en vigencia de la nueva ley N° 21.643 o ley Karin entre los funcionarios y funcionarias de la jurisdicción; fomentar una participación activa de los tribunales y unidades laborales de la jurisdicción  en la incorporación de la Perspectiva de género en su quehacer diario mediante la difusión del “Protocolo de atención a las personas usuarias de las instituciones participantes del Comité Ampliado de Género y No Discriminación del territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de San Miguel”, y por medio de la creación de subcomités de Género en cada una de las unidades laborales.

Junto con lo anterior, se estableció continuar la vinculación con las instituciones relacionadas al ámbito judicial -entre ellas Carabineros de Chile, PDI, Juzgados de Policía Local, Municipalidades (DIDECO), Redes de salud públicas, Centros de la mujer (SERNAMEG) y Ministerio Público- en un trabajo de coordinación interinstitucional que permita abordar de manera eficiente los  nudos críticos de la tramitación de causas por violencia intrafamiliar y los principales obstáculos para la protección efectiva de las víctimas, en particular por medio de  la identificación de estrategias que permitan realizar un mejor seguimiento de las medidas cautelares adoptadas a favor de las víctimas.