El ministro (s) de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Rodrigo Cid Mora, representó a la jurisdicción en una reunión en la que se analizó la implementación de la Ley de Entrevistas Videograbadas. 

En la actividad también participaron representantes de diversas instituciones, como el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Carabineros, la Corporación de Asistencia Judicial y el Servicio Mejor Niñez, entre otras.

En la ocasión, se discutió la marcha de la implementación de la mencionada ley en asuntos relacionados con infraestructura, cantidad de personal disponible, presupuesto y en el caso de la perspectiva de la judicatura, puso énfasis que en los tribunales penales pueden decretar medidas de protección, que son las mismas que puede imponer el juez de Familia.

“Por eso es importante mantener una retroalimentación de lo que se pudiera decretar en sede de Familia en una misma situación, para que no existan decisiones que sean contradictorias”, dijo.
Asimismo, explicó que si bien los protocolos en general habían funcionado bien, “en algunos aspectos había que actualizarlos porque se concibieron antes de la pandemia, por lo que había tópicos que no era posible aplicarlos como debiera”.

Tal es el caso del momento en que el entrevistador dialoga con el niño o niña, no debería haber nada entre ellos, como una mesa, para establecer una cercanía y general confianza, pero en pandemia se instalaron paneles que reducen esa comunicación directa, “y eso es algo que se debe revisar”, planteó.