Reunido el Pleno de la Corte Suprema –el viernes 30 de julio de 2010- se analizaron los siguientes asuntos que pueden resultar de interés público:

1.- Se tomó conocimiento de la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que rechazó la remoción del Notario de San Felipe Jaime Polloni Contardo.

2.- Se nombró al ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción César Panes Ramírez para que investigue, en calidad de ministro en visita, la causa “Comunidad Esperanza Tucapel, Consorcio Nacional de Seguros, Comité de Allegados y otros”, la que instruía el ex Tercer Juzgado del Crimen de Concepción. El proceso era indagado por el ministro Hadolff Ascencio Molina, quien fue sancionado con 4 meses de suspensión del cargo el miércoles 28 de julio pasado.

3.- Se accedió a la solicitud del diputado Enrique Van Rysselberghe Herrera respecto de otorgar certificación a 80 causas que estarían pendientes de fallo de parte del ministro Haldoff Ascencio Molina. Son las mismas causas por las que se aplicó la sanción antes señalada.

El portavoz de la Corte Suprema, ministro Nibaldo Segura Peña, fue consultado respecto de la situación de un imputado que estuvo recluido 20 meses en prisión preventiva y que, finalmente, fue absuelto y si existía preocupación por casos en que hay errores como en éste: “Preocupación no existe. Este es el sentido del proceso y estas situaciones pueden producirse y en buena hora que se produzcan, porque una situación se aclara a favor de un imputado que tenía procesos”, respondió el ministro vocero.

Requerido respecto de cómo se puede subsanar este tipo de errores, respondió: “Hay vías y normas legales que autorizan la indemnización para quienes se hayan sometido injustamente a situaciones particulares. Eso tiene que ser pedido en otro proceso y procedimiento”.

Asimismo, el vocero Segura fue consultado respecto de una entrevista concedida por el general (r) Manuel Contreras en la que denuncia que no se está aplicando la ley en los procesos por violaciones a los derechos humanos. A lo que contestó: “ Yo tomo eso como el justo derecho a opinar que tienen todos los ciudadanos del país, y su derecho a petición a la primera autoridad del país es un tema que tiene que ver el propio Presidente de la República (…). A mí no me molesta las críticas, estamos sometidos al escrutinio de la opinión pública, como también es legítimo que los tribunales resolvamos de acuerdo al criterio que tienen”.